Columna de Opinión

Carmen Luz Morales Danton, Directora OPCND.

Como ha señalado el Presidente Gabriel Boric, “avanzar y no retroceder”, es esencial para lograr una sociedad inclusiva, justa y acogedora. En este camino, uno de los pilares de nuestro Gobierno es integrar el enfoque de género en la gestión pública, abordando la diversidad sexo-genérica desde la promoción de derechos, la prevención de la violencia y el fomento del respeto.

Visibilizar, sensibilizar y educar es parte de una agenda destinada a crear políticas públicas específicas para un sector de la sociedad que ha sido históricamente discriminado.

En esa línea, el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación lanzó la campaña “En Lugar de Violencia: Respeto”, que busca contribuir a la prevención de la violencia hacia la comunidad LGBTIQA+. Este año, en su tercera versión, el foco está puesto en la niñez y adolescencia trans, considerando que están particularmente expuestos a actos discriminatorios y de acoso en plataformas digitales.

Con el avance acelerado de los discrusos de odio y la desinformación en redes sociales, se hace más urgente que nunca abordar una problemática que debiese generar más consensos que divisiones, tanto en el espectro social como político: hacer de las redes sociales, redes de apoyo. Es decir, convertirnos en agentes activos frente a las agresiones que las personas trans sufren a diario en espacios públicos y en medios digitales.

La niñez trans existe, pese a que ciertos sectores pretendan negarlo, es esencial protegerla de todo tipo de discriminación para asegurarle una vida plena. Existe consenso de la comunidad médica internacional sobre las consecuencias negativas en la vida de las personas expuestas a la marginación social y la falta de acceso a servicios inclusivos y respetuosos.

La OMS en su «Informe sobre la salud de las personas LGBTIQA+» de 2021, subraya que esta población tiene tasas más altas de problemas de salud mental, como depresión y ansiedad, así como un mayor riesgo de suicidio, abuso de sustancias y enfermedades físicas. Por lo tanto, no podemos destender e invisibilizar a esta parte de la población.

El acompañamiento y reconocimiento de esta realidad puede marcar una gran diferencia en el ciclo vital de los niños, niñas y adolescentes. El respeto a esta diversidad realmente puede salvar vidas, porque guardamos en nuestra memoria la historia de José Matías y de tantos otros jóvenes, es que tenemos el deber de proteger y promover sus derechos. Pues sus derechos también son derechos humanos.

La reforma a la Ley Antidiscriminación es un importante compromiso del Gobierno en esta materia. Seguiremos impulsando se aprobación en el Congreso, a pesar de los discursos de odio y desinformación que han marcado el debate.

Llevamos mucho tiempo esperando por una institucionalidad robusta que promueva el principio de igualdad e inclusión en nuestro país, que permita, además, instaurar un mecanismo judicial más rápido y eficaz para sancionar actos discriminatorios arbitrarios. Esperamos que en el Congreso puedan comprender la urgencia de esta reforma, su aprobación impactará positivamente en la vida de miles de personas que cargan con trayectorias vitales marcadas por la violencia y exclusión.